La República Argentina enfrenta desde este lunes un nuevo juicio contra fondos buitre, esta vez en Londres. Es por una demanda de cuatro fondos privados que acusan al Gobierno ante la justicia británica de deberle alrededor de 643 millones de euros por el incumplimiento de los pagos de bonos atados al crecimiento económico que se emitieron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, los famosos «Cupones PBI».

La demanda tiene que ver con la negativa del país a pagar bonos atados al crecimiento del PBI. Reclaman el pago del año 2013, porque la tasa de crecimiento verificada no fue tal para activar las condiciones requeridas para el pago. Afirman que la tasa de crecimiento de 2,96 por ciento que verificó el Indec y que no llega a superar el 3 por ciento que activaría el pago está calculada de manera errónea.


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Los fondos rechazan el cálculo realizado ese periodo porque se modificó el año base de 1993 a 2004 y están convencidos de que el país creció más de lo que Argentina dice que creció, por lo que le correspondería pagar el cupón. Alegan que el cálculo se hizo de mala fe y que la Argentina tenía la obligación de hacer que el Indec siguiera publicando los datos del PBI real a precios de 1993 durante la vigencia de los títulos, en 2035.

El país, en cambio, explica que el año base se cambió en 2014 por un criterio estrictamente estadístico -los organismos internacionales recomiendan que se cambie cada diez años y habían pasado ya veinte de 1993 a 2013- y especifica que en ningún lugar del contrato se encuentra la obligación de seguir calculando al año base anterior para respetar la serie hasta 2035.

Los demandantes en la justicia británica son los fondos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Virtual Emerald International Limited y Hirsh Group LLC. Todos se encuentran radicados en paraísos fiscales: los primeros tres en Islas Caimán y Hirsh Group en Delaware, Estados Unidos. HBK es uno de los cuarenta fondos privados más grandes del mundo, con más de 20 mil millones de dólares en activos. Por su radicación, que no les exige regulación alguna, no existe información acerca de su cartera de inversiones o antecedentes en juicios similares. Poseen aproximadamente el 48 por ciento de los valores vinculados al euro emitidos por Argentina en 2005 y 2010.

Al comenzar el juicio en el Tribunal Superior de Londres, los abogados de los cuatro fondos dijeron que las estadísticas económicas eran «el tema de la dirección política» en Argentina bajo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ocupó el cargo de 2007 a 2015. En respuesta, los abogados que representan a Argentina le dijeron al juez Simon Picken que las acusaciones de los fondos de que Argentina haya armado una «gran conspiración» para evitar el reembolso eran incorrectas y que el país pagó «casi  10 mil millones de dólares» a los tenedores de sus valores vinculados al PIB desde que se emitieron por primera vez en 2005.

El juicio que comenzó este lunes y finalizará el viernes 18 de noviembre es apenas uno de los varios frentes que el país tiene abiertos en tribunales extranjeros. El país enfrenta otra demanda por el pago del cupón PBI en los tribunales de Nueva York, que inició en 2019 Aurelius Capital, uno de los buitres que había ganado el juicio contra el país derivados del default del 2001. A él se le sumaron cuatro fondos mas que demandan en total alrededor de 411 millones de dólares por la misma razón. 

El proceso lo lleva adelante la jueza Loretta Preska, que reemplaza desde 2017 a un personaje que se hizo muy conocido en Argentina en temporadas anteriores de esta serie de largo aliento con los fondos buitre, Thomas Griesa. Se encuentra aún en etapa de discovery o presentación de pruebas y argumentos,  y no se espera que comience el juicio hasta por lo menos el primer trimestre del año que viene. 

La tercera gran demanda que enfrenta la república en tribunales extranjeros es por la nacionalización de YPF. En este caso, es una demanda que el grupo Petersen-Eton Park le realiza a Argentina y a YPF por la nacionalización de la petrolera en 2012. Reclaman una indemnización por los supuestos daños económicos que el pago a los españoles de Repsol, dueño del 51 por ciento de las acciones de la petrolera en ese momento, le provocó al resto de los accionistas luego de la nacionalización de 2012. Se acusa a la Argentina por no ampliar la oferta hecha a Repsol a los otros accionistas privados de la petrolera. En particular, las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora (del Grupo Petersen de los Eskenazi), dueñas entonces del 25 por ciento del paquete accionario, que se manifestaron damnificadas por esta compra hostil y quebraron luego de la estatización. La demanda espera hace más de cien días el fallo de la jueza Preska.  

Source: economia – pagina 12

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