Ya declaró el único testigo convocado por los cuatro fondos buitre en el juicio por el Cupón PBI que se lleva adelante en Londres contra la República Argentina. Fue el economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos Orlando J. Ferreres y asociados que apoya el argumento de los demandantes – que Argentina creció más que 3,2 por ciento en 2013 y por lo tanto debe pagar un plus por una cláusula que el bono así lo establecía- con el Índice General de Actividad (IGA) que publica mensualmente su consultora. Aún faltan declarar los cinco testigos de parte de la República Argentina, luego los seis expertos técnicos convocados por las partes y esperar los alegatos de cierre hasta el viernes 18 de noviembre. Se espera una primera sentencia antes de fin de año.

Los fondos de inversión demandan al país por 643 millones de euros por el incumplimiento de los pagos de bonos atados al crecimiento económico que se emitieron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, los famosos «Cupones PBI». Los acusan de haber actuado de mala fe al cambiar el año base del cálculo de crecimiento en el 2013, para que de menos que el número que activaba la cláusula de pago.


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El juicio comenzó el 24 de octubre con los alegatos de apertura de las partes en un tribunal londinense al que hay acceso público. El mismo lunes a la mañana fue el momento de los fondos, cuya defensa está consolidada en el estudio Quinn Emanuel, muy conocido en tribunales internacionales por su experiencia en alegar contra países (como es el caso de la compañía Oro Negro contra el Estado mexicano por la rescisión de contratos petroleros). Por la tarde le tocó el turno a los abogados de la República Argentina y el martes por la mañana al Banco de Nueva York Mellon que es codemandado por ser el fiduciario de los títulos emitidos. Cada exposición duró aproximadamente tres horas.

El martes comenzó la etapa de las declaraciones de los testigos de las partes. Los fondos buitre convocaron al economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos Orlando J. Ferreres y asociados, que dio fundamentos en base al Índice General de Actividad (IGA) que calcula mensualmente su consultora. El economista reconoció que hay entrevistas e incluso informes mensuales enviados a clientes del Estudio que en aquel momento indicaban que el crecimiento del país había sido de 3,1 por ciento en 2013, número mayor al indicado por el Indec (de 2,96) pero que no activaría la cláusula mencionada para el año de 3,2 por ciento. Sin embargo, dio testimonio de un recálculo del mismo que demuestra que el país creció mas que lo que su consultora había informado en su momento. 

A partir del viernes 27 de octubre y hasta el miércoles 2 de noviembre el tribunal del Reino Unido recibirá a los cinco testigos por la parte demanda. Se trata de cinco ex funcionarios del gobierno nacional que ocuparon puestos importantes en la función pública y por lo tanto pueden dar cuenta de primera mano de los hechos respecto al canje de 2005 y las exigencias del FMI que llevaron a tomar la determinación de cambiar el año base en 2014. Las declaraciones serán hasta el jueves 10 de noviembre, cuando comienzan los expertos técnicos. Cada parte convocó a tres para explicar cómo se calculan estadísticas de PBI y justificar la independencia técnica del Indec, entre otros temas. 

Tras una pequeña pausa, el punto final se dará con los alegatos de cierre de cada parte entre el 17 y 18 de noviembre. El resultado del juez podría estar ese mismo día, aunque es inusual. Se espera que la sentencia esté antes de fin de año, momento en que las partes aún pueden apelar. 

Alerta buitre

Los fondos acusan al país de incumplir el pago de los bonos atados al crecimiento económico que se emitieron en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Reclaman el pago del año 2013, año en que la tasa de crecimiento verificada por el Indec de 2,96 por ciento no fue suficiente para activar las condiciones requeridas para el pago, que debía superar el 3,2 por ciento.

Los fondos rechazan el cálculo realizado ese periodo porque se modificó el año base de 1993 a 2004 y están convencidos de que el país creció más de lo que Argentina dice que creció, por lo que le correspondería pagar el cupón. Alegan que el cálculo se hizo de mala fe y que la Argentina tenía la obligación de hacer que el Indec siguiera publicando los datos del PBI real a precios de 1993 durante la vigencia de los títulos, en 2035.

El país, en cambio, explica que el año base se cambió en 2014 por un criterio estrictamente estadístico -los organismos internacionales recomiendan que se cambie cada diez años y habían pasado ya veinte de 1993 a 2013- y especifica que en ningún lugar del contrato se encuentra la obligación de seguir calculando al año base anterior para respetar la serie hasta 2035.

Los demandantes en la justicia británica son los fondos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Virtual Emerald International Limited y Hirsh Group LLC. Todos se encuentran radicados en paraísos fiscales: los primeros tres en Islas Caimán y Hirsh Group en Delaware, Estados Unidos. HBK es uno de los cuarenta fondos privados más grandes del mundo, con más de 20 mil millones de dólares en activos. Por su radicación, que no les exige regulación alguna, no existe información acerca de su cartera de inversiones o antecedentes en juicios similares. Poseen aproximadamente el 48 por ciento de los valores vinculados al euro emitidos por Argentina en 2005 y 2010. 

El país enfrenta otra demanda por el pago del cupón PBI en los tribunales de Nueva York, que inició en 2019 Aurelius Capital, uno de los buitres que había ganado el juicio contra el país derivados del default del 2001. A él se le sumaron cuatro fondos mas que demandan en total alrededor de 411 millones de dólares por la misma razón. 

Source: economia – pagina 12

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