Cuando todavía un gran número de especialistas en el tema dudan de que «estén dadas las condiciones políticas» para digerir políticamente el impacto que tendrá el tarifazo  energético en los próximos meses, el presupuesto nacional que ya tiene media sanción en Diputados habla de nuevos aumentos que, en la letra fría del texto, deberían resolverse en los próximos 90 días. Nadie, ni en el sector privado ni en los despachos públicos, arriesga un porcentaje sobre el eventual nuevo ajuste. Pero coinciden en que la convocatoria a debatir, en este momento, una «revisión tarifaria integral» con las distribuidoras eléctricas tiene muchas más chances de provocar un nuevo cortocircuito con las prestadores de ese servicio, que de arrimar una solución a un conflicto de larga data. 

Desde hace ya varios años, los contratos de concesión de la distribución eléctrica entre el Estado nacional y las empresas Edenor y Edesur (las únicas dos del país que quedaron en jurisdicción nacional) vienen adolecienco de un amplio abanico de incumplimientos. Del lado de las empresas privadas, no se cumple con los compromisos de inversión para mejorar el servicio. Las distribuidoras, a su vez, se justrifican en que no reciben la retribución tarifaria actualizada, salvo el megatarifazo que disparó Mauricio Macri en 2018. Pero, en contrapartida, tanto el gobierno de Cambiemos como el actual relajaron las exigencias de cobro de la energía que Cammesa (empresa público privada administradora del mercado mayorista eléctrico) le vende a Edenor y a Edesur, acumulando una millonaria deuda con aquélla. 

Es decir, Cammesa «financia» a las distribuidoras entregando la energía sin cobrarle, y el Estado «sostiene» con fondos públicos a Cammesa para que el sistema siga funcionando. El ministerio de Economía, aparentemente sin consulta con los sectores involucrados, incorporó al presupuesto nacional una formulación para «cortar» con esta distorsión y devolverle a Cammesa la capacidad de cobrar la energía que vende. ¿Cómo? Llamando a una «revisión tarifaria integral» en favor de las distribuidoras (las dos del AMBA y todas las de jurisdicciones provinciales) para que cobren una tarifa mayor y empiecen a pagar la energía que compran. Y, además, puedan empezar a pagar una deuda que, globalmente, ronda los 500 mil millones de pesos. Revisión tarifaria a la que, además, le pone un «plazo de 90 días». 


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Para que las distribuidoras eléctricas puedan volver a pagar la energía que les vende Cammesa y además cumplan con un plan de pagos de la deuda en ocho años, el tarifazo que se necesitaría ingresa en una dimensión desconocida. Desde varios ángulos, los expertos consultados coincidieron que «en lo inmediato, es inviable». «En el marco de una inflación tan alta como la actual y con las tasas de interés volando, querer resolver una deuda gigantesca, en proporcoión a los ingresos de estas compañías, es imposible. No me parece una solución y ni siquiera creo que haya sido pedida por las distribuidoras», sugirió un ex funcionario en el área. 

Desde el sector empresario, tampoco consideraron viable la solución. «La formulación de que se va a llamar a una revisión tarifaria en 90 días o en 180 días, se repite todos los años, pero sabemos que hoy es impracticable. El sistema eléctrico está partido, los contratos de concesión no se cumplen; que el presupuesto les exija a las empresas pagarle a Cammesa, y que se diga que en 90 días se tratará una revisión tarifaria para que las empresas cuenten con los recursos, me parece fuera de la realidad». 

La deuda total con Cammesa asciende a unos 500 mil millones de pesos, pero el grueso está en las cuentas de los pasivos de Edenor y Edesur (unos 110 mil millones cada una). Si se respetara la letra de lo votado en el Presupuesto Nacional 2023, en 90 días deberían definirse los nuevos cuadros tarifarios que le permitan a las distribuidoras cumplir con Cammesa. 

«Se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires», dice el texto aprobado esta semana en Diputados. Sigue más adelante, «dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un periodo no mayor a 90 días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones».

Por ahora, la única convocatoria vigente es la del ENRE para el 30 de noviembre, a audiencia pública para tratar la tarifa de transporte eléctrico. La incidencia sobre las tarifas del usuario de lo que allí se resuelva será menor, un aumento del 3,5% del cargo variable como máximo. El tema de la distribución es de una magnitud diferente. 

Source: economia – pagina 12

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