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El fiscal Carlos Stornelli pidió al juez federal Daniel Rafecas que dicte una medida cautelar para impedir que el Estado entregue a las comunidades mapuches un predio de 180 hectáreas, en Bariloche, que pertenece a la Escuela Militar de Montaña del Ejército.


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En un escrito de ocho carillas, el fiscal advirtió que “hay delicados intereses nacionales en juego” y reclamó al juez “una acción expedita, oportuna y rápida, que impida que se consume un daño irreparable”.

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Stornelli se refirió así a la reciente decisión de la Cámara Federal de General Roca, que denegó los recursos extraordinarios interpuestos por el Ministerio de Defensa, el Ejército y el Ministerio Público Fiscal en el expediente judicial que se tramita en Bariloche, ante un reclamo de la comunidad mapuche.

Mientras se sustancia esa causa por los terrenos de la Escuela Militar de Montaña, el fiscal investiga si hay responsabilidades de autoridades nacionales en la apelación tardía del Ministerio de Defensa y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no impugnaron a tiempo en la Justicia el fallo que avaló la pretensión de la comunidad mapuche.

El fiscal argumenta que las autoridades militares expresaron en la presentación que “la afectación de la defensa nacional derivaría de la imposibilidad del Ejército Argentino de continuar realizando la instrucción del personal militar en la jurisdicción en la cual se encuentra el inmueble”, lo que dificulta, al mismo tiempo, la “preparación y alistamiento del personal y medios que se destina al apoyo de la comunidad local”.

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El fiscal Carlos Stornelli

Añade que “en la jurisdicción de la Escuela Militar de Montaña se forman y perfeccionan las tropas de montaña del Ejército, que tienen asignadas responsabilidades de defensa territorial sobre toda la Cordillera de los Andes” y recuerda que la fuerza militar “no tendría otro centro para estas capacitaciones”.

“La cuestión atinente a tan sensible cuestión, la de la defensa nacional, fue reeditada por la parte en ocasión del recurso extraordinario recientemente rechazado”, expresó el fiscal.

“En las recientes declaraciones testimoniales recibidas en la causa N° 1615/2022, tanto el coronel mayor Walter Horacio Faneco, director general de Asuntos Jurídicos del Ejército, como Gustavo Said, jefe del Departamento Contencioso Judicial de la fuerza, ratificaron el involucramiento de cuestiones de seguridad nacional en las circunstancias fácticas aquí investigadas, y que resultan ventiladas en el proceso de amparo”, en referencia a la causa 8355/2020 que sde tramita en General Roca.

En la causa que se tramita en el juzgado de Rafecas, el fiscal Stornelli pidió la indagatoria de tres abogados del Ministerio de Defensa, una de la Procuración del Tesoro y uno del INAI, por considerarlos responsables de la apelación fuera de término contra la sentencia judicial que reconoció el reclamo de mapuche por la propiedad de tierras del Ejército.

El terreno en juego, que el Estado podría perder por una “conducta desaprensiva” de los letrados que intervinieron, comprende 180 hectáreas reivindicadas por la comunidad Millalonco Ranquehue, en el predio de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche.

El fiscal recuerda, además, que la denuncia proviene de “un conjunto de funcionarios públicos, a la sazón, legisladores nacionales, e involucra la posible afectación de bienes de dominio público que hacen a recursos militares estratégicos para la defensa nacional”. Se refiere a los diputados nacionales Alberto Asseff, Gerardo Milman, Francisco Sánchez, Hernán Lombardi Laura Elena Rodríguez Machado, Fernando Iglesias y Ricardo López Murphy (todos de Juntos por el Cambio), entre otros, que recurrieron a la Justicia para pedir que se resguarde la propiedad del predio militar.

El fiscal Stornelli pidió evitar que el Estado entregue tierras del Ejército a los mapuches
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