“¿Qué le cabe a la sociedad si quienes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y de perseguir el delito son los que lo cometen? No solo eso, lo planifican, lo organizan y lo ejecutan”. Así, el fiscal general de Pergamino, Mario Gómez, designado por el procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, a cargo de la acusación, comenzó su alegato en el juicio político contra Claudio Scapolan, el fiscal de San Isidro que había sido procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado como jefe de una asociación ilícita también integrada por policías y abogados, que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco.
Gómez pidió la destitución de Scapolan por mal desempeño. “Acá hay un fiscal que cometió un delito, y ese delito se encuentra objetiva y subjetivamente probado”, sostuvo el acusador ante el jury.
El juicio político se realiza en el Anexo del Senado bonaerense, en La Plata, y se transmite en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense.
Gómez afirmó que Scapolán “ha sido incompetente y negligente en el ejercicio de sus funciones. Cometió graves irregularidades en los procedimientos bajo su dirección”.
El fiscal general de Pergamino explicó que el funcionario acusado “intervino en procesos de competencia federal” y en jurisdicciones que no eran de su competencia. “Se anularon procedimientos en los que participó porque estaban plagados de irregularidades” y, con dureza, sostuvo: “Cuando tomó intervención Scapolan se producían aprietes, amenazas, extorsiones, robos, tráfico de estupefacientes, participaban agentes encubiertos que no eran policías y [ocurrían] verdaderos saqueos a las personas allanadas”.
Actualmente, Scapolan, de 52 años, no está procesado por el grave delito que le enrostró Arroyo Salgado. En junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre Scapolan. Sí, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína, mientras que entre 520 o 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.
Hasta el 24 de julio de 2020, cuando se hizo pública la investigación, delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez y se allanó su oficina, Scapolan estaba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Oficina Fiscal de Distrito Sede Central de San Isidro.
El jurado está presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso.
Los dos primeros testigos del juicio político fueron la jueza Arroyo Salgado y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, funcionario a cargo de la investigación por la que está procesado Scapolan.
Además, lo integran los conjueces legisladores Juan Pablo Allan (senador por Juntos), Daniel Lipovetzky (diputado por Juntos), Walter Carusso (diputado por Espacio Abierto Juntos), Sofía Vannelli (senadora del Frente Renovador e integrante del Frente de Todos) y María Eugenia Brizzi (diputada por Juntos) y los conjueces abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.
“Por todo lo expuesto, señores jueces, considero que el doctor Scapolan merece ser destituido y así lo solicitó”, dijo el acusador al final su alegato.
Tras un cuarto intermedio, comenzó el alegato de la defensa. “Tengo la obligación de señalar algunas cuestiones que han ocurrido. El representante de la Procuración [por Gómez] se dejó tentar y leyó la prohibición de leer memoriales a la que hace referencia el artículo 368 del Código de Procedimientos Penales [sic]. La segunda, es que también incurrió en una violación del artículo 366 del Código Procesal Penal que establece que solo se pueden incorporar al debate actas y dictámenes, que las declaraciones testimoniales solo se pueden incorporar con conformidad de las partes y que si ello se hiciere no se puede suplir la versión oral [lo que ocurrió aquí] por la versión escrita. No se puede utilizar prueba producida fuera de este debate”, sostuvo Scapolan al comenzar su alocución.
Después, el fiscal suspendido pasó a analizar la prueba presentada por la parte acusadora. “En este debate la doctora Arroyo Salgado solo se contradijo. Fue contradictoria. Sus dichos no tienen el peso que le ha intentado otorgar la acusación”, dijo Scapolan y recordó que los superiores de Arroyo Salgado [la Sala I de la Cámara Federal de San Martín] le revocaron una resolución “porque solo se fundaba en suposiciones”.
Respecto del fiscal Domínguez, Scapolan explicó: “No fue capaz de vertir un concepto afirmativo. Es difícil bajo juramento decir verdad lo que fácilmente se firma fuera de control, fuera de control no solo de las partes sino de los señores jueces”.
También sobre otro testigo, el abogado Damián Odetti. “Solo voy a decir, en este momento, que todo el jurado notó su locuacidad y hiperactividad, típico del consumo de alguna sustancia”.
De otro testigo de la acusación, Carlos Daniel Maidana, que en la causa declaró como arrepentido ante el fiscal Domínguez. “Durante dos años, sostuvimos que la versión del señor Maidana era mentira y lo acreditamos en la causa. En dos oportunidades la Cámara Federal de San Martín dijo que era falso. Demostró que el teléfono que me pertenecía a mí no estaba en el lugar [el allanamiento conocido como Leones Blancos]”.
En medio de su alegato, Scapolan anunció que denunció por coacción a la jueza Arroyo Salgado y al fiscal Domínguez y que la causa se tramita en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata. “El señor Maidana dijo aquí que sus acuerdos como arrepentido no plasmaban lo que él había dicho”.
“Como señaló la señora presidenta [por Bourimborde] y como ratificó la totalidad del jurado ante alguna presentación formulada por esta defensa, este es el momento de las certezas. El jurado tiene que basarse en aquello que es cierto, en lo que esté debida y suficientemente probado, y la realidad es que imputación que realizó en algún momento el doctor Domínguez se basaba solo en suposiciones, ninguna certeza”.
Escándalo judicial: “Acá hay un fiscal que cometió un delito”: piden la destitución de Claudio Scapolan
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