La Corte Suprema de Justicia buscó restablecer el orden y le puso límites a Cristina Kirchner. El máximo tribunal le manifestó que, como presidenta del Senado, dividir el bloque para colocar en el Consejo de la Magistratura a tres senadores propios era hacer trampa, actuar de mala fe, según la terminología del propio tribunal, un “ardid”, una “maniobra”, una “manipulación”. Y aclaró las reglas del juego: los representantes políticos en el Consejo de la Magistratura son “dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”. Es decir que el oficialismo debería tener dos representantes como bloque mayoritario, pero no tres como ocurre actualmente. Las bancas de la minoría corresponden a la radical Silvia Giacoppo, y la última ahora debería ser para Luis Juez, del Frente Cívico, ambos dentro del paraguas de Juntos por el Cambio.

Tras el fallo que obligaba a regresar al Consejo de la Magistratura de 20 miembros, y al filo del plazo para enviar los consejeros por el Senado, Cristina Kirchner había dividido su bloque del Frente de Todos en Frente Nacional y Popular (con 21 senadores) y Unidad Ciudadana (con 14 integrantes). Así, mantuvo los dos senadores por la primera fuerza y sumó otro, por la segunda minoría. Pero la Corte le explicó que eso era un fraude. Fue un mensaje para el Poder Judicial: la primera y la segunda instancia dejaron correr el asunto sin salpicarse, al no hacer lugar al amparo presentado por Juez. Y fue un mensaje para la política. Uno más. La carencia de interlocutores y de diálogo entre el Gobierno y la Corte genera estas sorpresas.


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La Corte anuló la partición del bloque que hizo Cristina Kirchner para tener un representante más en el Consejo de la Magistratura

Claro que ahora hay que ver si la vicepresidenta acata esta decisión. El fallo de la Corte fue tomado como una declaración de guerra de la Corte a Cristina Kirchner en lo personal, y la enardeció. Al punto que aún no está claro si aceptará resignar a Luis Doñate como el tercer senador propio en el Consejo de la Magistratura y colocar al senador de Pro Luis Juez en su lugar, como mandó el máximo tribunal. Fuentes cercanas a la vicepresidenta y a los senadores de su máxima confianza dijeron a LA NACION que no está definida aún la estrategia, pero confirmaron que entienden que el asunto es de “máxima gravedad institucional, gravísimo”, lo que anticipa un nuevo conflicto de poderes.

Cristina Kirchner no adelantó una opinión a sus pares. El senador Oscar Parrilli decidió viajar desde el sur para reunirse mañana con ella y analizar el escenario. En el kirchnerismo ven apilarse los fracasos legislativos: para transformar la justicia federal, para designar procurador o cambiar la manera de elegirlo, para cambiar la conformación de la Corte y su funcionamiento. Sobre la misma pila se suman los fallos adversos contra Cristina Kirchner en causas por corrupción, los jueces trasladados que resisten en sus cargos y la incapacidad que le reprochan a Alberto Fernández para resolver los problemas judiciales de la vicepresidenta.

Frente judicial descontrolado

Ese frente judicial descontrolado podría agravarse en las próximas semanas, con la revisión del polémico sobreseimiento, antes de llegar al juicio oral, de Cristina Kirchner y sus hijos en el caso Hotesur y Los Sauces, además de los expedientes que enfrenta la vicepresidenta y sus exfuncionarios por el Memorandum con Irán, la causa del dólar futuro. Como corolario, a fin de año la expresidenta se expone por primera vez a ser condenada por corrupción en el caso Vialidad.

Luis Juez, en tanto, ya se está probando el traje para la jura como nuevo consejero de la magistratura. Al menos hasta que arranque la campaña para gobernador de Córdoba. Si resultara elegido, entonces asumiría en el Consejo su suplente, el senador Humberto Schiavoni. “El fallo es inapelable y además la Corte les desnudó la maniobra”, dijo Juez a LA NACION. El 22 de noviembre debería ser la jura de los nuevos consejeros, luego del fin de semana largo. Pero no está claro qué es lo que pueda pasar.

Si para el kirchnerismo el fallo es indigerible, a la oposición la coloca más cerca de tener una mayoría propia y casi llegar a dos tercios en el futuro Consejo de la Magistratura. Hasta hoy, y con la elección de nuevos consejeros en representación de los jueces y de los abogados, las fuerzas en el Consejo de la Magistratura están empatadas: ocho consejeros podrían alinearse en torno a la oposición, otros ocho en torno al oficialismo, y quedaría un bloque de tres consejeros, donde incidiría el académico Diego Molea. El voto restante es el del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que vale doble en caso de empate.

No son números firmes ni automáticos, ya que los jueces no necesariamente van a estar siempre alineados con la oposición y aún resta por definir qué va a ocurrir con el reemplazante de Graciela Camaño en la Cámara de Diputados.

Pero el fallo de la Corte cambia esta ecuación, ya que le resta un consejero al kirchnerismo y lo agrega a Juntos por el Cambio: quedarían nueve votos por la oposición, siete cercanos al oficialismo, los tres consejeros cercanos a Molea y el voto de Rosatti.

El impacto en el Consejo

La sentencia de la Corte se conoció mientras estaba reunida la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. Los consejeros estaban participando de la sesión y leyendo de reojos en sus computadoras y teléfonos celulares el fallo del tribunal. En la reunión se logró avanzar en los concursos para designar a un juez federal de Bariloche, que debe investigar los casos de usurpaciones mapuches, y se avanzó también con el concurso de la Cámara Federal de General Roca, alzada de esos tribunales.

Hizo ruido el reclamo de Alberto Lugones, consejero de la Lista Celeste, más cercana al oficialismo. El juez presentó una nota dirigida a Rosatti como presidente del Consejo, firmada en conjunto con la consejera diputada por el kirchnerismo Vanesa Siley en la que reclama que se convoque a un “plenario extraordinario” del Consejo de la Magistratura.

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El último fue el 15 de julio, cuando los concejeros oficialistas le reclamaron a Rosatti que cumpla su propio fallo por los jueces trasladados, en especial por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ahora, Lugones argumentó que es necesario avanzar con los “concursos pendientes de tratamiento” y los que se aprueben en la Comisión de Selección. Entre ellos están los concursos para la Cámara Federal, para los lugares que ahora ocupan Bruglia y Bertuzzi. Lugones habló de “razones de urgencia” por la cantidad de vacantes: 80 en el fuero civil, del trabajo y penal federal de la Capital y la mitad de los tribunales orales federales de San Martín. “No es posible que no se intente llegar a un acuerdo” para cubrir esas vacantes y “vencer las inexplicables oposiciones al respecto”, advirtió.

Juan Manuel Culotta, representante de los jueces por la Lista Compromiso Federal, también planteó en la reunión de la Comisión que se convoque a un plenario, donde además de las vacantes restan tratar el presupuesto y cuestiones disciplinarias que fueron votadas en Comisión. Pero como antes del plenario debería haber una reunión de labor para decidir los temas a tratar y generar acuerdos, no es posible que esta convocatoria se realice antes del 18 de noviembre, cuando se da el recambio de consejeros.

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