El sobrio elogio público de la vicepresidenta a Sergio Massa la semana pasada –cuando dijo que “está haciendo un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó”– confirma la alianza entre ambos, aunque para ella esconda, al mismo tiempo, una decepción. La de haber tenido que aceptar, con la llegada del exdiputado al Palacio de Hacienda, simbologías, ideas y medidas con las que no comulga. El aumento en las tarifas de los servicios públicos por la quita de subsidios, aun con el atenuante de la segmentación, y el premio al campo con el dólar soja son claros ejemplos. Los resultados mandan: las reservas crecieron y el dólar entró en un periodo de calma. Crédito para el ministro.

Pero eso fue en septiembre. Pasado el tembladeral financiero y a las puertas de 2023, las necesidades electorales obligan al Frente de Todos a reconquistar a los desencantados, de allí el énfasis de la vicepresidenta en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo del salario y, según dijo, la alegría perdida de los anteriores mandatos kirchneristas.


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Es un mito que Cristina construye laboriosamente desde que dejó la presidencia. “Quiero que la gente vuelva a ser feliz en la República Argentina”, dijo el 13 de abril de 2016 frente a los seguidores que fueron a respaldarla a Comodoro Py.

Cinco años más tarde, en julio de 2021, volvió sobre el tema. “En 2015 éramos más felices de lo que vino después”. Siempre con esa sutil ambigüedad en la que el blanco principal es Macri, pero que bien podría incluir al gobierno de Alberto Fernández, la creación de la que ahora busca despegarse.

En Economía afirman que el discurso de la vicepresidenta no los tomó desprevenidos. “Dice lo mismo en público que en privado; Massa habla habitualmente con ella y sabe lo que piensa”.

Lo cierto es que Cristina marca los tiempos, por eso la decisión de avanzar con un congelamiento “voluntario” de precios para 1200 productos por cuatro meses, una receta remanida a la que el propio Massa le adjudicaba escasas chances de éxito apenas hace unas semanas. ¿Cómo justifica el giro? Si es consensuado y no abarca todo el universo de consumo (el resto de los productos tendrá un sendero de aumentos máximos del 4% en cuatro meses), no es congelamiento

“Para moderar la inflación es clave ordenar la macro; para la recuperación del ingreso, es importante Precios Justos, porque representa el 68% de los productos de consumo masivo; son dos políticas distintas y complementarias”, dicen cerca de Massa.

Otro que demuestra pragmatismo es el secretario de Comercio, Matías Tombolini, que arrancó su gestión prometiendo que no perseguiría a las empresas “con el chipote del Chapulín Colorado” para que cumplan los acuerdos que firman. Lo mandaron a leer el libro de Augusto Costa (”Todo precio es político’’) y parece que cambió de idea. Dicen que en una de sus habituales reuniones con el autor apareció con el texto todo subrayado. “Me diste algunas ideas”, explicó a su excompañero de la facultad de Ciencias Económicas, según testigos.

Su cartera decidió además poner en marcha investigaciones sobre algunas de esas mismas compañías de consumo masivo con las que negocia, por posible abuso de posición dominante en el mercado, una carta en la manga a la hora de sentarse con los ejecutivos a discutir los acuerdos.

En el cristinismo celebran: hablan de usar las herramientas que el Estado tiene. “No es dogmatismo ni persecución”, dice un funcionario identificado con esa franja del Frente de Todos y recuerda que el gobierno de Macri no dudó en obligar a los bancos a desinvertir en Prisma por su posición dominante en el mercado de medios de pago. El ejemplo menos pensado.

En el Palacio de Hacienda, en cambio, ven más difícil conformar a Cristina con el pedido de un bono para los trabajadores. “El problema no está en el Gobierno; está en la CGT, que no quiere sistemas que le modifiquen por decreto los acuerdos paritarios, y el segundo problema es que el 60% de los trabajadores con bajos salarios son los municipales y las realidades de los municipios son muy distintas. Hay 30 municipios con entre $7000 y $25.000 millones a plazo fijo y tenés más de 900 municipios que viven al día”, explican.

Economistas a los que Cristina escucha habitualmente, algunos dentro de la función pública, miran la escena con una mezcla de prescindencia y desazón. Ante la consulta de LA NACION, dos de ellos dicen no tener opinión sobre la “devaluación en cuotas” que impulsa Massa para conseguir dólares, ni sobre la segmentación de tarifas a la que -según su visión- se la irá comiendo la inflación si no se hacen actualizaciones. Para colmo, “con este nivel de inflación, cualquier cosa que hagas tendrá impacto en los precios”, advierten, e insisten en el mismo pedido que la vice: que la variable de ajuste no sea el salario. “Nos gustaría que no anticipe tanto las medidas”, agregan.

Los dólares del verano

Pasada la inyección del dólar soja, a la luz de la caída de las liquidaciones y el regreso del goteo de reservas de las últimas semanas, los analistas vuelven a preguntarse cómo hará el Gobierno para atravesar el verano sin volver a la situación de agosto.

A los que lo conocen y le preguntan lo mismo, Massa les responde por Whatsapp con gráficos. Uno de ellos, por ejemplo, muestra la abrupta caída de la demanda de dólares para gastos en viajes, pasajes y otros pagos con tarjetas: de un promedio diario de más de US$40 millones en agosto a menos de la mitad en las semanas posteriores al 13 octubre, cuando entró en vigencia formalmente el dólar Qatar, que carga con un 25% adicional a cuenta de Bienes Personales. Todo antes de la llegada del Mundial.

Además del torniquete por el lado de la demanda, que se completa con el mayor control de las importaciones, el ministro se ilusiona con la oferta que podría aportar el maíz. “En los próximos 10 días el campo tiene para liquidar 11 millones de toneladas, el jueves empezarán a entrar las declaraciones juradas para la exportación”, dicen en Economía. También confía en una reversión en octubre de la tendencia menguante del saldo comercial, ahora que mermaron los pagos por energía. Se basa sobre los informes que le preparan las embajadas argentinas en el mundo y que recibe todos los domingos con copia a Cancillería.

Pero los analistas no son los únicos por convencer. Algunos datos del presupuesto 2023 cierran menos que la defensa de la ortodoxia económica que hizo el viceministro, Gabriel Rubinstein, en el Congreso y no prometen demasiadas alegrías.

La promesa de Cristina Kirchner se estrella contra el ajuste

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