«Debemos considerar el litio como un recurso estratégico«, deslizó por primera vez públicamente el Presidente Alberto Fernández en una disertación durante su gira por Nueva York hace poco menos de un mes. La afirmación pasó desapercibida por el público- estudiantes y miembros de la tradicional comunidad universitaria neoyorquina The New School- pero resulta un tema clave y complejo (cuándo no) para el desarrollo económico del país. 

La complejidad radica en que a diferencia de Bolivia y Chile, vecinos del famoso triángulo del litio que concentra el 58 por ciento de las reservas mundiales del mineral, Argentina cuenta con un régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera a través del cual las provincias tienen el dominio de los recursos mineros y la competencia para adjudicar concesiones para explorar y explotarlos, mientras que la Nación recibe la mayor parte de los recursos tributarios vinculados a la actividad y los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología


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«Es políticamente poco probable que se modifique el régimen de concesiones que se deriva del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales ratificado por la Constitución de 1994. El desafío es entonces coordinar las políticas entre distintos niveles de gobierno de manera de atender a las tensiones y desbalances», asegura un documento publicado por el centro de estudios Fundar producto de una investigación específica sobre el tema. No sería la primera vez que el Presidente se posicione taxativamente sobre un tema que luego no tracciona. Desde el gobierno no volvieron a pronunciarse, y tampoco acusan que haya un plan para tal fin.

Tres tristes tensiones

El trabajo que elaboraron los investigadores del equipo de Fundar Carlos Freytes, Martín Obaya y Víctor Delbuono resalta tres tensiones principales que surgen del régimen de gobernanza de la minería para la implementación de políticas de desarrollo productivo en torno al litio: el loteo de responsabilidades entre el nivel nacional y provincial; el foco de la política de ciencia y tecnología en los eslabones mas desarrollados de la cadena de valor y la realidad productiva actual del litio en el país; y la gobernanza socioambiental del litio.

Las provincias tienen a su alcance las condicionalidades que se les requiere a las empresas para
acceder a los derechos de explotación sobre el recurso. «La contratación de mano
de obra y compre local dentro de los límites de cada provincia crea
barreras de entrada para empresas de otras provincias y genera problemas de
escala para el desarrollo de proveedores con capacidades productivas y
tecnológicas más complejas», aseguran desde Fundar. 

Del otro lado la estructura impositiva de la minería de litio, concentrada en Nación, podría ser una fuente de financiamiento para desarrollar capacidades pero carece de instrumentos progresivos para gravar la renta o precios extraordinarios. La Ley de Inversiones mineras establece un tope a la recaudación por parte de las provincias en tanto que los impuestos recaudados por la Nación sobre la actividad no son de asignación específica, lo que limita su vinculación con políticas de desarrollo productivo. En el caso de Chile, por ejemplo, parte de lo recaudado en la minería del litio se destina a financiar actividades de I+D para el procesamiento y transformación del recurso.

«La mayor parte de los recursos humanos y presupuestarios de la política de ciencia y tecnología (a través del Conicet y la Agencia I+D+i) se concentra en el segmento aguas abajo, por ejemplo, en el desarrollo de la tecnología de las baterías de ion litio. Este es un segmento en el cuál existen importantes barreras financieras, tecnológicas y comerciales para el ingreso de empresas argentinas», dice el documento de Fundar que asegura que existen importantes áreas de vacancia en temáticas cruciales para la producción de litio a partir de salares, tales como el desarrollo de métodos más sostenibles de producción, el impacto sobre el equilibrio hidrológico de los salares, o la gestión de las demandas socioambientales.

Párrafo aparte merecen los desequilibrios ecológicos generados por el sobreconsumo de agua en territorios extremadamente áridos. «Argentina es el cuarto país con mayor número de conflictos socioambientales mineros después de México, Chile y Perú. En total, más de un 50% de los proyectos mineros resultan cancelados o temporalmente suspendidos a causa de resistencias sociales», aseguran desde Fundar. 

En un documento especial sobre esta temática específica que elaboraron las investigadoras de Fundar María Victoria Arias Mahiques, Malena Galuccio y Carlos Freytes, aseguran que no existe una estrategia uniforme en la gestión de sus recursos. Las instancias de participación pública y su articulación con el proceso de consulta libre, previa e informada (CLPI), el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) y su implementación efectiva «presentan brechas entre las distintas jurisdicciones».

«La aprobación del EIA se ha ido consolidando como un mecanismo para negociar con las empresas mineras las condiciones de su operatoria, tales como la contratación de bienes, servicios y empleo provincial», asegura. El otro eje crítico en este sentido es la relación con las comunidades y pueblos originarios. La actividad minera de los ecosistemas altoandinos se superpone con territorios utilizados y ocupados por poblaciones locales hace más de 10.000 años.

Source: economia – pagina 12

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