Los panaderos rechazan la propuesta de la secretaría de Comercio, que dirige Matías Tombolini, de cambiar el mecanismo compensador del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. La nueva versión supone otorgar el subsidio a los panaderos, una vez que ya hayan adquirido la bolsa de harina, en lugar de costear a los molinos luego de comprar el trigo. Aseguran que no tienen la suficiente espalda financiera para soportar descalces en los pagos, además de reconocer que son el eslabón más atomizado y por ende difícil de monitorear de la cadena.

La propuesta que en septiembre Tombolini presentó a los panaderos e hizo pública a través de su cuenta de Twitter “fue diseñada por la industria molinera”, apuntó Gastón Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda. Esto no es un secreto ya que el propio Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina Industria Molinera (FAIM), participó de una reunión con el secretario de Comercio minutos antes de que se anunciara la propuesta y también la defendió en los medios de prensa.


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“Las cámaras molineras están interesadas en que el fideicomiso se caiga por dos razones: primero porque el Estado paga tarde y segundo, aunque no menos importante, porque deben declarar ventas ante la AFIP y muchos operan en negro”, aseguró Mora. 

En igual sentido se manifestó José Álvarez, titular de la Cámara de Industriales Panaderos de CABA, quien detalló que, “al comienzo, los molinos debían informar la molienda de los últimos tres años y ahora presentar declaraciones juradas y cifras de ventas: si el Estado detecta que venden más caro o a panaderías que no existen, les quita el subsidio” y el molino tiene un costo hundido. La trazabilidad de las operaciones de molienda el Estado las realiza a través del BICE en asistencia con la consultora privada BDO.

Desde las cámaras molineras, a través de portales especializados, cargaron contra los panaderos. Las aguas no están calmas porque como tampoco lo está la situación de la campaña de trigo 2022/23.

Al fideicomiso se sumaron nuevas empresas molineras, “actualmente llegan a representar el 50% de la industria” estimaron desde el gobierno. Dos son grandes jugadores, como Cañuelas y Lagomarsino y otras medianas industrias.

Otro detalle del fideicomiso que Tombolini quiere modificar es que lo focalizaría en el precio del pan de mesa, con vistas a su impacto en las fiestas de fin de año. Deja de lado las harinas destinadas a las pastas o las galletitas.

¿Hasta cuánto puede subir el pan?

El precio de referencia de $500 el kilo de pan hacia diciembre que circuló en boca de algunos representantes de la industria panaderil, luce como una advertencia al gobierno si no consigue mantener a raya el costo de los insumos. Para José Álvarez “suena exagerado” y la cuenta que hace es que el precio de la harina debería incrementarse más de un 17% en tan sólo dos meses para llegar a tal resultado.

El precio del kilo de pan en Gran Buenos Aires promedió los $366 en septiembre según relevó el INDEC. Pero en octubre la secretaría de Comercio autorizó un incremento del 4% en el pan que se fabrica con harina subsidiada: pasó de $1.414 a 1.470 la bolsa de 25 kilos. La harina sin subsidiar cuesta alrededor de $3.100 la bolsa y “aumentó mucho más”, según la información de panaderos.

Es verdad que no sólo la harina compone los costos para la producción de pan, también debe cargarse el monto del alquiler, de los servicios públicos y la mano de obra. Para Álvarez es un problema también que “la mitad de las panaderías son ilegales, hay puestos de venta que son realmente pequeños y terminan vendiendo a valores que son irrisorios, por ejemplo $180 el kilo de pan”.

Los panaderos denuncian con sensatez que ellos no tienen espalda financiera para costear un descalce, de por ejemplo 15 días, entre el pago al molino y el cobro del subsidio por parte del Estado. Además, tratándose de un eslabón de la cadena fuertemente atomizado, se hace más difícil, sino inviable, para el gobierno monitorear.

Cabe notar que en los primeros nueve meses del año el pan francés aumentó un 76% en Gran Buenos Aires, según relevó el INDEC. Hubo un coletazo en marzo y abril por la guerra, y ahora en septiembre por las peores proyecciones de la cosecha 2022/23.

Cosechas impredecibles

Las proyecciones de la cosecha de trigo de la Bolsa de Comercio de Rosario vienen cayendo mes a mes. La campaña del año anterior fue de 23 millones de toneladas, pero la última estimación calcula que la cosecha para este año podría llegar a 15 millones. Contemplando que históricamente se demanda para consumo interno unas 6 millones de toneladas, y compromisos de exportaciòn por 8,8 milones, se entiende el ruido en torno a los precios domésticos.

Una metida de pata adicional del gobierno fue haber instrumentado un mecanismo de adelanto de los embarques de trigo, medida implementada por Martín Guzmán en noviembre de 2021 y refrendada en marzo de este año, que a su vez emula a una práctica diseñada por Guillermo Moreno una década atrás desde la Secretaría de Comercio. Así se garantiza el cobro anticipado de retenciones, pero si las proyecciones de ventas salen mal, el procedimiento se embarra.

Tal es así que la semana pasada, a través de la Resolución 114 el ministro de Economía, Sergio Massa, estableció que las autorizaciones de exportaciones de trigo para este año se postergarán para 2023. Esto es posible porque la práctica habitual de los exportadores es despachar primero la mercadería hacia un domicilio que tiene la empresa fuera del país (para asegurarse la tenecia del grano) y luego desde allí concretar la venta. 

Se estima que de las 8,8 millones de toneladas de trigo autorizadas para exportar, unas 3,5 millones tendrían “domicilio fijo”, es decir, ventas aseguradas. De esta manera el gobierno busca asegurar el abastecimiento para el mercado interno. Hay quienes advierten, sin embargo, que el hecho de asegurar el volumen no necesariamente significa que los productores lo vendan, ni mucho menos a qué precio.

Source: economia – pagina 12

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