La decisión oficial de autorizarle un nuevo aumento a las empresas de medicina prepaga a partir de diciembre despertó duras críticas de las asociaciones de consumidores. PáginaI12 consultó a Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, y Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), quienes les apuntaron a las empresas por subas que consideran excesivas y al gobierno por no cumplir con aspectos clave de la ley de medicina prepaga.

-En diciembre las prepagas aumentarán otro 13,8 por ciento y en un año la suba acumulada llegará al 113,8 por ciento, muy por encima de una inflación que para el año se proyecta en 95 por ciento. ¿Hay justificación para este ajuste? –le preguntó Página/12 a Boada.


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-El aumento no está justificado. Las prepagas siempre han venido cubiertas en exceso con los aumentos. Durante la pandemia redujeron mucho las prestaciones y la que puso el hombro más fuertemente fue la salud pública. Las grandes prepagas lloran, dicen que su negocio está en extinción, pero en realidad se expanden no solo dentro sino también fuera del sistema. Han comprado clínicas, sanatorios, prepagas más chicas y también se han extendido a otras actividades, como compañías de seguros e incluso medios de comunicación.

-El dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt, aseguró que el aumento surge de un índice de costos que el propio Gobierno implementó a mitad de año.

-Las grandes prepagas son fundamentalmente financiadoras del sistema y no prestadores de servicios, aunque tienen algunos prestadores propios. Entonces siempre están presionando para subir la cuota que les cobran a los usuarios al mismo tiempo que buscan reducir lo que les pagan a sus prestadores de servicios, que son clínicas y sanatorios. La queja constante de los prestadores es lo que llevó a la construcción de un índice de costos como para que se transfiera parte de los ingresos a los prestadores. Ese fue el objetivo del índice. Igual las grandes prepagas siempre buscan el índice que más les conviene para justificar los pedidos de suba. En un momento es el dólar, en otro momento los salarios y después los medicamentos. Han llegado a decir que el 80 por ciento de sus costos estaba representado por la masa salarial y a los pocos meses sacaron una declaración donde decían que el 60 por ciento de sus costos estaban dolarizados.

-¿El gobierno puede hacer más que lo que hace para tratar de ponerle un freno a los aumentos?

-Hay un Consejo de Concertación donde hay representantes de los usuarios y consumidores y nunca nos citaron. Ahí deben estar todos los actores del sistema para discutir estos temas. Por otro lado, la ley dice que los aumentos deben ser autorizados para cada prepaga a partir de un análisis de sus costos. Sin embargo, desde que se dictó la ley de prepagas en 2011 los aumentos han sido generales. Solo hubo algunas resoluciones que distinguieron el nivel de aumentos de acuerdo a la cantidad de asociados de las prepagas, pero nunca hubo un estudio individual como dice la ley de medicina prepaga. –concluyó Boada.

La crítica por la falta de transparencia y sobre todo por el incumplimiento de lo que dice la ley de prepagas es una constante entre las asociaciones de consumidores. Las entidades sostienen, por ejemplo, que en el caso de los servicios públicos de gas y electricidad hay audiencias públicas y se puede saber con precisión lo que piden las empresas como para hacer ese seguimiento, mientras que en el caso de las prepagas eso no se sabe. “La ley dice que cada empresa de medicina prepaga debe presentar un balance y recién después de la evaluación de ese balance el regulador debe decidir si corresponde autorizar un aumento. Sin embargo, lo que hacen es autorizar el aumento para todas las empresas y las más grandes terminan viéndose beneficiadas con ganancias que no usan para mejorar la atención de la salud sino para realizar inversiones inmobiliarias millonarias”, señala Osvaldo Bassano, titular de ADDUC.

-¿Tiene alguna herramienta el consumidor para frenar estos aumentos? –le preguntó PáginaI12 a Bassano.

-La ley establece que la empresa le tiene que notificar al consumidor el aumento con 30 días hábiles de anticipación. Ese plazo muchas veces no se cumple porque que la noticia salga en los diarios no quiere decir que se lo haya notificado al consumidor.

-¿Pero si al consumidor le notifican en tiempo y forma no se puede hacer nada?

-En ese caso no hay muchas formas de frenar el aumento porque es una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud. Son dificultosas las acciones colectivas a favor de los consumidores en estos casos. A su vez, y al mismo tiempo que aumentan sin parar, las empresas de medicina prepaga desprecian a los usuarios con enfermedades crónicas, a las personas mayores y a los que tienen alguna discapacidad. A ellos no solo los castigan con aumentos excesivos sino también con incumplimiento de las prestaciones.

-¿Reciben muchas denuncias sobre ese tipo de incumplimientos?

-Recibimos denuncias por falta de atención, denuncias de aumentos en el precio de los planes cuando una persona cumple años, denuncias porque el “plan oro” se transformó en el “plan plata”, denuncias porque a los enfermos crónicos no les mandan los enfermeros y denuncias porque no se quieren hacer cargo de tratamientos de diverso tipo. Es escandaloso lo que hacen con la gente.

Source: economia – pagina 12

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