Corría la pandemia y todavía se podía ver en Olivos una mesa coloreada por gobernadores. El Presidente, Alberto Fernández; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alxel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, eran parte del elenco estable. Un 9 de septiembre de 2020, en pleno romance, la Casa Rosada se despachó con una decisión mediante la que le sacó una porción de la coparticipación a la Ciudad.

Rodríguez Larreta se enteró 5 minutos antes -literal, 5 minutos- mediante un mensaje de texto del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. Pasaron poco más de 2 años y la Corte falló a favor de la Ciudad. Aquella aventura discrecional de la Casa Rosada tuvo un freno en el máximo tribunal. Y si bien por ahora, no se definió si la Nación le tendrá que devolver el retroactivo al gobierno porteño, pero de ahora en más, deberá acatar el fallo y prácticamente duplicar lo que hasta ahora le toca como coparticipación a la Ciudad.

La historia se remonta a 2016, cuando la Casa Rosada, en ese entonces comandada por Mauricio Macri, y la Ciudad, firmaron un acuerdo para pasar la policía a la órbita local. Entonces, cuando la función seguridad pasó de jurisdicción, tal como lo establece la Constitución, llevó consigo los recursos. Entonces fue cuando la coparticipación subió a 3,75% para quedar finalmente, en 3,50% del total.

El asunto tiene varias aristas que van desde las implicancias financieras, políticas, y, sobre todo, institucionales.

La primera, claro está, es financiera. La Ciudad dejó de percibir, a valores de hoy, alrededor de $250.000 millones. Se acuerdo a la disposición de la Corte, automáticamente volverá a recuperar una parte importante de la cuota mensual que cobran todas las provincias diariamente. Según el fallo, pasará a hora a percibir el 2,95% del total coparticipable, frente al 1,40% al que había sido reducida su porción por decisión del Presidente que, luego, fue refrendada por una ley del Congreso.

Mientras se aplicó este régimen, el gobierno porteño dejó de percibir $248.500 millones, de acuerdo a datos actualizados del equipo de Rodríguez Larreta.

Claro que como se trata de una medida cautelar, la cuestión de fondo aún no se resolvió, nada de esa diferencia se zanjó ahora. Quedará pendiente para cuando el juicio ordinario, que corre paralelo, tenga sentencia definitiva. Lo que sí sucederá es que la Ciudad verá fortalecida su caja con un goteo diario que se duplicará desde que tenga ejecutoriedad la resolución del alto tribunal.

Justamente esta recomposición de las arcas porteñas empieza a generar algunos interrogantes puntuales. El primero es qué pasará con los gastos presupuestarios de 2023. Rodríguez Larreta optó, en 2020, por podar los fondos a la obra pública y al mantenimiento de la vía pública y espacios verdes. En su entorno dicen que hubo un ajuste de 10% del gasto que se había proyectado entonces. Justo ahora, dirá el gobierno nacional, la Ciudad volverá a tener los fondos que le permitan acelerar su plan de obras. ¿Por qué justo ahora?, podría preguntar el lector. Pues porque al ritmo de la billetera abultada se lanza la campaña electoral donde el dirigente del PRO es precandidato presidencial.

La otra gran duda es qué pasará con dos impuestos con los que se financió la quita. En rigor no fueron creados sino que se empezaron a aplicar ciertos tributos a categorías que no aportaban. Primero, se eliminó la exención de pagar ingresos brutos a algunos instrumentos financieros. Eso fue, y es, un costo al Banco Central que tiene que calcular la retención cuando emite, por ejemplo, Leliqs. Además, se aplicó el impuesto a los sellos del 1,2% a las tarjetas de crédito.

Con esa batería de medidas se intentó compensar el dinero que ya no venía. Claro que ninguno de estos dos tributos figuraba en el presupuesto original que la Ciudad estaba por presentar ante la Legislatura, en septiembre de 2020, más allá de que los dos ya existían en varias provincias desde hace muchos años. Si ahora se recupera parte de las transferencias bien podría esperarse aquella medida se revierta.

La Ciudad, como otra provincia

La segunda consecuencia es institucional. Una vez más la Corte le entregó a la Ciudad una entidad similar a las provincias. La equiparó a ellas y la dejó al resguardo de los atropellos del gobierno central, el mismo que tienen los distritos. “La tutela que ejercía la Nación sobre la Capital en materia fiscal cesó con la reforma de 1994, que reconoció a la Ciudad de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo. A partir de ese momento, adquirió un nuevo estatus constitucional que se expresó en el artículo 129 de la Constitución Nacional reformada, en cuanto establece que “la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción…”. De ese modo, se reconoció a la Ciudad de Buenos Aires el estatus de ciudad constitucional federada”, dice parte de la sentencia.

La Constitución estableció en 1994 que la el distrito porteño participa de la distribución de los impuestos comprendidos en la nueva ley de coparticipación cuya sanción debió producirse antes de que finalice 1996. Claramente, eso nunca sucedió. Al no ser parte del régimen similar al que tienen las provincias se optó por una solución “transitoria”.

Ese sistema híbrido se plasmó en el decreto 705/2003 y consiste en que, mientras no haya una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, “los recursos coparticipados que recibe la Ciudad provendrán exclusivamente de la cuota que, según el artículo 3° de la Ley de Coparticipación, corresponde a la Nación en la distribución primaria”. Ese arreglo permitió a la Ciudad contar con recursos propios, sin disminuir la participación de las provincias. De ahí es que aumentarle los fondos a la Ciudad no implicará quitarles a las provincias sino a la porción nacional que la Casa Rosada gasta como crea necesario.

La tercera consecuencia es política. Primero, el peso simbólico que tiene otra sentencia en contra de los intereses del kirchnerismo puro. Al igual que otras derrotas judiciales que ha tenido el Gobierno, como la nulidad de los contratos de Autopista del Sol y del Oeste, en la contestación de demanda del Estado firma Carlos Zannini en su carácter de Procurador General del Tesoro.

El jefe del cuerpo de abogados estatales, que firma solo las cuestiones que tienen el sello indeleble del kirchnerismo puro, ha conocido la derrota en varias oportunidades. Se ha acostumbrado a ella, al menos cuando intenta forzar algunas leyes y escribe argumentos más políticos e ideológicos que jurídicos. El Procurador parece hermanado en la derrota con varios de los abogados de funcionarios procesados.

Otra consecuencia, además de que quien salió airoso es el Jefe de Gobierno del distrito al que más apunta el kirchnerismo duro, es el destino que la Casa Rosada le dio a aquellos fondos. En septiembre de 2020, en un mismo movimiento, Fernández auxilió económicamente al gobernador Axel Kicillof para que pueda resolver un conflicto con la Policía Bonaerense, que entonces, estaba en medio de fuertes protestas. El zarpazo dentro de la General Paz terminó por aumentar las transferencias discrecionales a la administración con sede en La Plata.

Como se dijo, ese dinero nunca fue de las otras provincias sino de la Nación que lo dispuso a su manera. Pasó el tiempo y la Corte deshizo aquel manotazo. Ahora el Presidente no sólo deberá confeccionar un cheque para la Policía Bonaerense sino que, además, tendrá que firmar otro para la sede del gobierno de la calle Uspallata. En ese rincón de Parque Patricios, Larreta y los suyos sonríen y preparan la esponja con agua para mojar los dedos contar billetes frescos en un año electoral.

Un cuarto de billón de pesos, el destino de dos impuestos y otra derrota judicial de la dupla Fernández y Zannini
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